La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoría en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
Sorpresivamente, la funcionaria de la principal contralora de fondos públicos, había declarado “reserva total” al caso, favoreciendo a la comuna tecleña, dejando oculto cuánto pagan a dicha empresa, cómo se realizó el contrato; y además, permitiéndo un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero de Melara, en La Libertad.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el Convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V.
Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha. El 7 de agosto de 2018, un ciudadano solicitó a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió que en septiembre de 2018 realizaría dicha auditoría o examen especial. Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla con urgencia.
Desde entonces, el ciudadano ha sido bloqueado en sus solicitudes para que se le informe del seguimiento y resultado del examen especial.
Presidenta CCR en la mira del presidente Nayib Bukele
El mandatario Nayib Bukele destapó ayer un caso de corrupción millonaria relacionada con la Ong Asocambio, presidida por el exministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, el exviceministro Raúl López y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima.
Bukele confirmó que “se dejaron de percibir $13.7 millones porque fue dinero que llegó a Asocambio, el cual no fue investigado ni auditado por la Corte de Cuenta de la República” que preside Rivas Landaverde.
“A mi me parece gravísimo que no fue investigado por la Corte de Cuentas, todo fue una ilegalidad… Con solo el hecho de que Centros Penales le adjudique el dinero de las tiendas penitenciarias a una Ong cuyo representante legal es el exministro de Seguridad es un evidente caso de corrupción que puede ser judicializado de inmediato”, externó.
La presidenta de la Corte de Cuentas incluso se prestó anteriormente a un evento para recibir cajas del gobierno anterior, dando legalidad a todo lo que hizo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, sin hacer ninguna auditoría. Esto fue calificado por el presidente Bukele como un “show ridículo”.
